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La nueva Constitución Política del Estado (CPE) y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) son reformas jurídicas y políticas esenciales en el camino de la articulación del Estado Plurinacional en Bolivia, como manda aquella Carta Magna.

Esa nueva CPE, instrumento legal para la transición, la más importante reforma jurídica y política de este período cuya aplicación se inicia, define los trazos fundamentales del tipo de Estado boliviano que se busca constituir en este tiempo de transformaciones. Esa reforma es un cambio especialmente avanzado aunque insuficiente todavía como para configurar el otro Estado por el que el pueblo luchó y lucha hace décadas.

Es cierto que aquella Ley Fundamental contiene normas que se adelantan a los hechos, es decir, hablamos de artículos que legislan derechos o establecen políticas a modo de programa de gobierno. El derecho a la alimentación, por ejemplo, no implica que todos los bolivianos tengan aseguradas las “tres comidas” por día para vivir bien, como reza una consigna del gobierno democrático y popular que se reproducirá o prolongará por decisión del 64 por ciento de los electores bolivianos, sumados los votos de los compatriotas inmigrantes en oros países. Otro ejemplo: La máxima extensión de la propiedad agraria en Bolivia (por mandato constitucional) no debe ser mayor de 5.000 hectáreas, lo que no quiere decir que dejaron de existir predios agroganaderos mayores en extensión a la señalada. Aquellas realidades, sin embargo, no invalidan la nueva CPE ni en su forma ni en su contenido. Todo eso explica que la norma esencial citada es a la vez un programa de acción gubernamental, que se debe ejecutar en toda su extensión; operación que se espera constituya un avance real en el camino de transformar la formación social boliviana y, por tanto, continuar la organización del Estado Plurinacional.

La ALP es definida y delimitada en sus funciones por la nueva CPE. La norma constitucional también definió a ese cuerpo legislativo antes de que fueran elegidos sus miembros, antes de que aquel cuerpo cobrara vida.

Se trata de la ALP que está integrada casi por la mitad de mujeres (el 49 por ciento) en la que trabajarán los más diversos profesionales: agricultores, albañiles, amas de casa, periodistas, médicos, abogados, militares jubilados, profesores, choferes, comerciantes, economistas, empresarios, jubilados… Por su pertenencia a las clases sociales bolivianas, en la ALP, encontramos: campesinos, asalariados y trabajadores por cuenta propia, trabajadores manuales e intelectuales, profesionales y técnicos (capas medias), incluso algunos burgueses o proburgueses. Forman esa agrupación de legisladores delegados de los 36 pueblos indígenas o naciones explotados y oprimidos, de acuerdo a la apreciación de partidos políticos marxistas. Nunca antes, entre los legisladores bolivianos, hubo delegados de todo el amplio tejido social y cultural de estas tierras. Ahora sí el concepto de ALP está materializado, por tanto, existe la diversidad plurinacional lo que, en consecuencia, es verificable.

De acuerdo a la filiación política y partidaria, más de dos tercios de los miembros de la ALP son los que impulsan los cambios, están por el progreso; a la inversa, menos de un tercio de aquéllos están en favor de la regresión al pasado (algunos lo confiesan), son los delegados de la conservación retrógrada.

Esta última puntualización conviene hacerla expresamente porque la configuración de esos dos bloques advierten que la pugna en la ALP continuará incesante, aunque la minoría inferior al tercio lleve las de perder. Esa confrontación en el ámbito legislativo será una prolongación de la lucha de clases de la sociedad boliviana, aunque ésta sea ignorada en el mundo político boliviano actual. Sobre esta amnesia o ignorancia simulada habrá que de decir: a pesar de todo la lucha de clases tiene lugar con la fuerza transformadora evidente para los que quieren ver y leer la realidad sin preconceptos. Añadimos que la mayoría de los legisladores, elegidos el 4 de diciembre, no son políticos profesionales, lo que es una desventaja pero superable.

En la primera reunión preparatoria de la ALP, la derecha entregó una mala carta de presentación suya al proponer que se duplique la dieta (sueldo) de sus integrantes, lo que muestra que mañas del pasado no han sido superadas. Aunque a veces se soslaya el rechazo a ese planteamiento desafortunado, al que se considera de poca monta, aquel cuerpo es interpretado o analizado de manera contradictoria, incluso entre algunos que apoyan al gobierno. Estos últimos dicen que los más de dos tercios del MAS en la ALP impedirá la discusión democrática.

Una parte de la derecha, como si hubiera vivido una suerte de regeneración, asegura que será constructiva y que no bloqueará la actividad parlamentaria (en rigor difícil o imposible que lo haga). Algunos de sus voceros incluso sugieren que colaborarán y que buscarán acuerdos con el gobierno si se reconocen sus derechos. Se atreven, asimismo, a pedir que la mayoría de los legisladores se comporten independientes respecto del gobierno y que éste se abstenga de proponer una línea de acción para aquella mayoría (en la ALP) que, a la sazón, es oficialista.

Como en otros escenarios, de la derecha debemos tomar en cuenta lo que haga, en vez de lo que diga. Anotamos, además, que en aquélla se observan ahora dos posturas: la que dice que buscará acuerdos con el gobierno, probablemente, con el propósito de impedir que los cambios avancen y se profundicen. Vale la pena recordar que el diario El País de España, al poco tiempo de la posesión de Evo en el gobierno, dijo que había que apoyar al Presidente boliviano para que no se “vaya a la izquierda”. Ahora analistas criollos, que expresan criterios de la derecha, le aconsejan al Presidente reelegido que sig la ruta de Lula da Silva de Brasil, es decir, que se agote en las reformas que pueden (y son hasta ahora) avanzadas, pero para nosotros no son una revolución, en rigor, no existe el nuevo Estado Plurinacional materializado. La otra tendencia derechista, la que anunció que defenderá “a tiros” sus tierras (incluidas las mal habitas, se entiende), al menos resistirá los nuevos cambios que impulsará el pueblo. Sería ingenuo que se espere, en el campo popular, que la derecha ultramontana abandone mansamente la escena política y que renuncie sin pelea, aunque sea en retirada, a sus egoístas intereses los que sólo han sido recortados, aunque en el terreno de la economía todavía siguen siendo dominantes porque la forma de producir, en ramas básicas, continúa capitalista, atrasada y dependiente.

Sin embargo, están las “10 propuestas para vivir bien” del gobierno, las que si se ejecutan reforzarán las reformas avanzadas las que, creemos, aproximarán a la revolución. Citamos el gran salto industrial, autonomía, educación para la producción, erradicación de la extrema pobreza, satélite Túpak Katari, revolución vial, seguridad ciudadana, cobertura total de servicios básicos, seguro universal de salud y empelo y apoyo a los productores nacionales.

La ejecución de esas medidas, resumen del programa del gobierno que se reinstalará el próximo 22 de este mes, ayudará a la resolución de las contradicciones que afectan especialmente a las naciones y al pueblo, oprimidos y explotados. Con ella en funciones superaremos el atraso y la dependencia, pero, falta claridad respecto de las medidas que efectivamente cambien el modo de producción capitalista vigente y en mucho dominante aún.

Sin otra economía, que sustituya a la todavía dominante, no será posible el nuevo Estado Plurinacional, para nosotros socialista pluricultural y plurinacional. Un Estado para la dominación de la mayoría del pueblo respecto de la minoría. Estado para construir una nueva sociedad. (Sobre estas cuestiones principales volveremos en esta columna).

Empero, como un adelanto es imprescindible decir, a manera de conclusión, que la ALP es un avance dado con botas de siete leguas o con pasos de gigante hacia la formación del nuevo Estado en Bolivia, pero añadimos que con ella todavía no se tiene el Estado Plurinacional, como a veces se afirma con una imprecisión teórica y una equivocación práctica a la vista.

Ni supervalorar ni subvalorar a la ALP debe ser un comportamiento responsable. Con ella en funciones continuará la reforma jurídica y política resumida en la nueva CPE, se trata de un hecho histórico que cobra la dimensión de instrumento para más y más profundos cambios que se espera que apunten a la verdadera revolución democrática y popular plena. Incluso lo que podría ser una revolución legal, con las 100 ó más leyes que apruebe la ALP, no se habrá configurado una revolución en la política, en la economía, en la sociedad y en la cultura de nuestro país. Sin embargo, una transformación sustancial de la legalidad influirá, también decisivamente, en los campos señalados de la sociedad boliviana: la recuperación de tierras y la dotación gratuita de ésta, en propiedad colectiva e individual, son también acciones avanzadas. Así se explica el alcance de la ALP cuya labor en la transición boliviana es irremplazable porque, ciertamente, puede “revolucionar” la legalidad boliviana.

La Paz, 9 de enero de 2010.

*Periodista