Cobija, 03 sep (ABI)

Organizaciones paralelas de campesinos y sin tierra creadas por el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, además de funcionarios prefecturales, tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) hasta la "restitución" de los recursos del IDH, la administración de la distribución de tierras fiscales a cargo del prefecto y la vigencia "plena de la autonomía".

El director departamental del INRA, Julio Uratotina, contó que después de la conclusión de un ampliado campesino y de los sin tierra (organizaciones paralela creadas por el Prefectura y el Comité Cívico), en la zona del Porvenir, se trasladaron en camiones y moto taxis hasta las instalaciones del INRA.

La toma se inició a las 18.50 con el arribo de una treintena campesinos de la federación paralela de Pando liderada por Luis Alberto Rojas, Luis Villar y el dirigente del movimiento sin tierra, Rudy Atiare, y se parapetaron en puertas del INRA, ubicada en el barrio los Tajibos, zona sur oeste de Cobija.

Media hora más tarde llegaron cerca de dos centenares de personas, entre campesinos, cívicos y funcionarios de la Prefectura, armados con palos y piedras al estilo de la Unión Juvenil Cruceñista, quienes forzaron el garaje del inmueble de las oficinas del INRA y procedieron a hostigar al personal y a los policías que se encontraban resguardando la entidad.

Nada pudieron hacer 20 efectivos de la Policía que custodiaban dichas instalaciones para evitar ese hecho y la agresión a funcionarios y técnicos que se encontraban en el lugar.

Uratotina lamentó esa violenta intervención ya que está en peligro la entrega de títulos ejecutoriales a beneficiarios que por más de 10 años están a la espera de recibir sus títulos agrarios.

"Los que han tomado el INRA son gente que pertenecen a nuevas comunidades campesinas que no han participado del saneamiento de tierras, que ya ha concluido en Pando el 2 de agosto, a la que el gobierno prefectural los está utilizando bajo la consigna que las tierras fiscales deben ser para ellos", denunció.

Urapotina dijo que con esta medida se puso en riesgo la seguridad jurídica de la propiedad agraria en el departamento de Pando y afecta directamente a pequeños y medianos productores, empresarios y comunidades campesinas e indígenas que se aprestaban a recibir sus correspondientes títulos de propiedad.

Resaltó que el proceso de saneamiento en el departamento de Pando fue concluido el pasado 2 de agosto, por lo que la información de la propiedad agraria, los títulos ejecutoriales para entrega y otra documentación agraria corre el riesgo de echar por la borda el trabajo de 11 años en perjuicio de la población del área rural del departamento.

Frente a esta nueva agresión, el INRA iniciará las acciones penales correspondientes contra los autores materiales e intelectuales de este hecho por vulnerar el derecho al trabajo, allanamiento indebido, y poner en riesgo el patrimonio del Estado.

Urapotina espera que el Ministerio Público, asentado en Cobija, inicie las acciones correspondientes para preservar principalmente la información digital y documental.

En tanto que el comandante departamental de la Policía de Pando, Cnl. Silvio Magarzo, pidió a los avasalladores que no toquen los bienes del Estado, argumentando que estos son propiedad de todos los bolivianos, y que en ese marco los 20 policías que resguardan la institución permanecerán en el lugar.

CAMPESINOS

Ante el avasallamiento sufrido por el INRA y el intento de toma de las oficinas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la dirigencia de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP), junto a sus regionales y subcentrales, a través de un pronunciamiento anunció el cerco a Cobija.

Sus dirigentes aseguraron la movilización de más de un millar de campesinos a esta capital para recuperar las instalaciones del INRA.

Según la nota de la FSUTCP, la movilización de Rojas y Atiare obedece a intereses particulares, cívicos y de la Prefectura en su afán de querer distribuir tierras a sus allegados y paralizar el proceso equitativo de distribución que lleva adelante el gobierno del presidente Evo Morales, en el marco de la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.

PARALELOS

Por su parte, el principal líder de la toma, Luis Alberto Rojas, dirigente de la federación de campesinos paralela financiada por la Prefectura, dijo a medios locales que la toma continuará por tiempo indefinido.

Señaló que el propósito es que se devuelva el 30 por ciento de los recursos del IDH y que se titule 500 hectáreas por familia a nuevas comunidades campesinas de Pando a cargo del "gobernador" Leopoldo Fernández, prefecto del departamento.

El INRA adelantó que analizará la postura radical de esta dirigencia, tomando en cuenta que Rojas, que es asesorado por el diputado suplente de Podemos, Fermín Terrazas, y miembros de la Comisión Agraria Departamental que representan a la Prefectura, tiene varias denuncias en su contra.

Rojas está acusado por la Superintendencia Forestal por tráfico ilegal de madera, motivo por el cual esta movilización tendría de por medio intereses particulares por encima de intereses de la población.