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Una pregunta inevitable en este momento es ¿cuándo Leopoldo Fernández Ferreira, ex prefecto de Pando, dejó de ejercer sus derechos a la libre expresión y al ejercicio de la política desde el momento que fue confinado primero y detenido preventiva después?

La revista cruceña Poder y Placer, a semanas del confinamiento del ex Prefecto, publicó una entrevista para lo que el Director de aquella publicación ingresó al Penal de San Pedro con el pretexto de una visita a otro preso.

En esa entrevista, el ex Prefecto dice que dispuso el uso de la maquinaria del entonces Servicio Nacional de Caminos de Pando para que los empleados de la Prefectura caven zanjas en el camino Porvenir-Cobija para evitar el paso de los campesinos que marchaban rumbo a la capital pandina para realizar un ampliado en el que querían discutir medidas en defensa de sus tierras, las que fueron saneadas pero tenían pendientes los trámites de dotación ante el Instituto de Reforma Agraria (INRA), el que fue tomado por grupos de choque al servicio de empresarios, dirigentes cívicos y el entonces Prefecto de aquel departamento. Éste, en esa ocasión, también refiere que él quería garantizar la convivencia pacífica entre pandinos para lo que, se deduce, se les cerró el paso a los marchistas, es decir, se les negó el derecho al libre tránsito, además de los derechos a la vida, a la seguridad, a la organización, al trabajo... La entrevista se refuerza con fotografías tomadas en la celda del confinado, como consecuencia del estado de sitio, decidido por el gobierno, para restablecer allí en Pando el orden democrático.

Poder y Placer, asimismo, hace alrededor de dos meses, reprodujo una nota escrita y/o firmada por Leopoldo Fernández en la que, básicamente, explica el porqué propuso a Jimena Costa como candidata a la presidencia de Bolivia, previa reunión en la celda penitenciaria.

Aquella nota periodística y la propuesta de candidata entrañan el ejercicio de dos derechos por L. Fernández: libertad de expresión y actividad política, desde el Penal de San Pedro, lo que muestra que aquél no sufrió restricción alguna en esos sus derechos, aunque no pudo dormir fuera del Penal, a manera de extramuro, lo que habría anulado la detención preventiva que pesa en su contra por orden de autoridades judiciales y del Ministerio Público.

Indirectamente, la revista cruceña, se comporta como vocera oficiosa del ex Prefecto, la que en casi todos sus números (circula una vez por mes) dedica notas y fotografías de aquél y, con frecuencia, en la tapa. Esa publicación, por ejemplo, con la voz de otro entrevistado, propaga que en Porvenir, el 11 de septiembre del año pasado, no hubo ni matanza ni enfrentamiento, que en aquella fatídica fecha los campesinos se mataron entre ellos.

El diario La Razón de La Paz le publicó dos artículos al ex funcionario de marras. En el primero (en una extensión desacostumbrada) aquella ex autoridad afirma, entre otras cosas, que el Presidente de la República es el más destructor de la historia de Bolivia (en lo que coincide con Carlos D. Mesa Gisbert), que en el país no hay estado de derecho, que no hay libertad, que no hay democracia, pero que sí existe un gobierno autoritario y/o totalitario y, además, que el gobierno de Evo Morales mata, confina y apresa a sus adversarios políticos. L. Fernández, en cambio, se presenta como víctima, lo que pretende “demostrar” en todo momento.

Los gobernantes subestimaron o algunos de ellos quizá ni leyeron esa primera nota (perdón por tal sospecha). Lo evidente, empero, es que jamás se conoció opinión alguna del gobierno, de la judicatura o de la fiscalía ante la licencia autoconcedida del ex Prefecto y respecto del papel facilitador de la revista cruceña y del matutino paceño.

En su segundo articulo (publicado en La Razón), el que fue funcionario público en Pando, argumenta la necesidad de que la oposición cuente con una candidata mujer a la Presidencia de Bolivia (sin nombrarla a J. Costa), que debía apurarse un frente único o amplio de los opositores, que la candidata debe ser paceña. En éste y en el anterior escrito periodístico L. Fernández ejerce la política y la libertad de opinión. Y nadie se lo impide.

Su candidatura vicepresidencial es considerada y resuelta en negociaciones dentro del Penal de San Pedro. Allí se toman fotografías, aumentan las visitas en frecuencia y en número. Ahí se define una acción política electoral y candidaturas, otra vez sin restricciones.

Antes el ex Prefecto ofreció un churrasco a sus colegas presos comunes, actividad social que al menos constata el poder económico suyo que mantiene en Pando casi intacto. Poder económico que destaca sobre todo cuando el detenido en San Pedro amenaza con utilizar su capacidad material para contratar incluso a los abogados más caros aquí o fuera del país, así como cuando habla de su influencia entre jueces y fiscales, con seguridad más en Pando y en la media luna que en otros lugares bolivianos.

Según uno de sus abogados, la defensa de L. Fernández se niega a pedir que el juez de la causa atienda el pedido suyo para que autorice una conferencia de prensa y para la campaña electoral porque no quieren reconocer ni jurisdicción ni competencia al juez que atiende el juicio en su contra por presunta autoría intelectual en los siguientes delitos: asesinato, terrorismo, homicidio y asociación delictuosa, durante la matanza de Porvenir.

Más aún, la confesión de la hija de L. Fernández, Giani, evidencia los objetivos políticos y electorales del candidato vicepresidencial cuando, para los medios de difusión, dice: “Estamos pidiendo que mi padre tenga acceso a los medios de comunicación y se le permita hacer campaña electoral desde la cárcel de San Pedro. Nos lo permita o no el Gobierno, Leopoldo Fernández va a seguir trabajando desde San Pedro para ganar las elecciones”.

Una pretensión del detenido preventivamente es que se le reconozca una condición que no tiene, la de preso político y, por tanto, de candidato vicepresidencial con aquel estatus. Y aunque parezca mentira, lo que busca (y lo consigue) es que los medios de difusión hablen, escriban y lo muestren a él, todos los días. Quizá tiene conocimiento de aquella teoría (discutible), pero que afirma que un candidato que no aparece en los medios es como si no existiera. En esa línea, el ex Prefecto consigue con creces en diferentes tonos y en todos o casi todos los medios (incluidos los estatales) se refieran al candidato vicepresidencial que está detenido preventivamente, todavía sin sentencia ejecutoriada y que, presuntamente, no accede a los medios de difusión.

Sin embargo, L. Fernández gana política y electoralmente se le niegue o se le conceda permiso para una conferencia de prensa o para entrevistas con los medios, más allá de una rueda de prensa.

A él le ayudan el Órgano Electoral Plurinacional (ex Corte Nacional Electora) con aquella resolución de sala plena y de “cumplimiento obligatorio” que autoriza su campaña electoral en vista de que no fue condenado y porque es un candidato vicepresidencial que tiene limitado el derecho a la libre locomoción, pero que ejerce sin recortes sus derechos políticos… Le ayuda la mayoría de los medios de difusión y por momentos todos porque dan cuenta de lo que hace y no hace el ex Prefecto. Éste si razona como el vals peruano (lo que es probable) prefiere odio a la indiferencia, por lo que estos días debe sentirse como el pez en aguas de los ríos de la amazonia boliviana. Lo inesperado: le ayudan funcionarios del gobierno los que en vez de explicar que al ex Prefecto de Pando nadie le restringe sus derechos políticos ni el de libre expresión, dan la falsa apariencia de que se oponen a entrevistas de prensa a L. Fernández y que es una maniobra gubernamental la sugerencia para que aquél pida al juez que disponga qué tipo de campaña realizará para “ganar las elecciones” o al menos ubicarse en segundo lugar en la carrera electoral, como acaban de decir. Incluso ese objetivo es desmedido porque no toma en cuenta la realidad.

Posiblemente aquel candidato utilice el tiempo que resta de actividad electoral para quejarse porque no se le permite llegar hasta los medios de difusión cuando en verdad éstos son los facilitadores más importantes de la campaña de L. Fernandez, con muy raras excepciones.

Nosotros sostenemos que el ex Prefecto utiliza sus derechos políticos y, específicamente, el de la libre expresión. Y que conferencias de prensa, autorizadas por el juez de la causa o sin esa licencia son preferibles, antes que negarle acceder a los medios al que llaman todavía cacique de Pando.

¿Acaso los medios lo pueden todo? Éstos jamás convertirán, por sí solos, a un perdedor en ganador de las elecciones del 6 de diciembre de este año. Tomamos nota de la influencia de los medios y del daño que todavía pueden causar a los cambios, pero los que luchamos por reproducir el poder de Evo Morales y del pueblo debemos ocuparnos de la campaña electoral con lo mejor de nosotros.

El consejo: mira con indiferencia y pasa, del que escribe Dante Alighieri, en La Divina Comedia, precisamente respecto de sus adversarios políticos (entre los que no debe olvidarse a los que lo confinaron) podría ayudar a que, particularmente el gobierno, defina una línea con la que nadie debiera extraviarse: a L. Fernández se debe conceder la importancia política que merece, es decir, casi nada.

El gobierno y los que hacemos campaña y votaremos para que las reformas avanzadas continúen y se ensamblen a una revolución verdadera, tenemos que intensificar la actividad electoral antes que ocuparnos de un candidato que está entre los que con certeza perderán el 6 de diciembre.

Y tenemos que dar la batalla electoral en el campo en el que somos invencibles, entre el pueblo, porque los medios, en su mayoría, favorecen a candidatos de la calidad del ex Prefecto.

Menos bola a Leopoldo Fernández y actividad electoral intensa con el propósito de ganar con dos tercios. De lo que se trata es de afinar la puntería política y electoral. No tenemos derecho a extraviarnos, sobre todo en momentos de victoria.

La Paz, 24 de octubre de 2009.

*Periodista