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Part 2

Part 3

Medios de comunicación, agencias de noticias y decenas de sitios webs alternativos circulan por todo el mundo un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que confirma la existencia de familias indígenas guaraníes en situación de servidumbre por deudas, condición análoga a la esclavitud, y sometidas a trabajos forzosos en varias regiones del país. Las cadenas mediáticas controladas por los grupos de poder minimizan la historia de los esclavos del Siglo XXI. Los gremios agroindustriales y ganaderos no se pronuncian.

En un trabajo de campo transparente realizado entre el 9 y 13 de junio sin influencia alguna de entidades estatales u organismos no gubernamentales, una delegación de la CIDH encabezada por los comisionados Luz Patricia Mejía y Víctor Abramovich constató que se han agravado las condiciones servidumbrales en las que viven varias familias guaraníes del chaco de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

La comisión confirmó la extrema vulnerabilidad de los derechos laborales y sociales de la población guaraní; la existencia de relaciones de poder y dominación violatorias de los derechos humanos; y la falta de acceso a la tierra, todo en un marco de impunidad debido a la ausencia casi total del Estado y al inefectivo accionar de las instituciones llamadas a defender la justicia, especialmente la Fiscalía.

La CIDH, organismo dependiente OEA, instó al Estado boliviano a “aumentar su presencia institucional” en la región a fin de ejecutar las leyes de reforma agraria y garantizar los derechos fundamentales de comunidades nativas que históricamente han sufrido y continúan sufriendo una extrema discriminación.

El informe de la CIDH “nos está enrostrando a los bolivianos la existencia de regímenes de convivencia arbitrarios, injustos y vergonzosos en pleno siglo XXI”, males que deben ser extinguidos de inmediato por el gobierno y la oposición con sinceridad democrática y patriótica, interpreta el defensor del Pueblo Waldo Albarracín.

Las conclusiones del informe preliminar de la CIDH presentado el viernes 13 de junio fueron reproducidas por los diarios La Jornada y Reforma (México), El Universal (Venezuela), Página 12 (Argentina), El Clarín y el Mercurio (Chile), El Heraldo (Honduras) y varios otros. El informe también mereció la atención de Univisión, Telesur, Unión Radio, semana.com.ve, Radio Nederland y de agencias de prensa internacionales como Reuters América Latina, AFP, AnsaLatina, Prensa Latina, BBC Mundo, EFE, AP y Terra España, por citar sólo algunas.

El informe de la CIDH llegó a las primeras planas de la prensa escrita y a los principales titulares de la TV de Bolivia el sábado 14 de junio, pero con el transcurrir de los días el tema se fue “enfriando”. Desde el sábado, el diario La Razón publicó cinco notas referidas a la servidumbre; Los Tiempos tres y El Deber cinco. Muy pocos periodistas parecen dispuestos a dar seguimiento a la denuncia presentada hace escasos cinco días.

Al igual que los medios, los latifundistas y sus aliados mantienen la denuncia en la marginalidad informativa. Hasta ahora sólo se ha pronunciado contra el informe de la CIDH el presidente de la brigada parlamentaria de Santa Cruz Pablo Klinsky (Podemos). Este legislador descalifica el informe que “estigmatiza a los cruceños como esclavistas” porque fue elaborado por la OEA, un organismo “dominado” por Hugo Chávez.

No abrieron la boca la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), la Federación de Ganaderos de Tarija (Fegatar), la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni) y la Federación de Ganaderos del Chaco (Fegachaco), sindicatos patronales que el 14 de mayo crearon un Comité Interinstitucional para evitar el saneamiento de tierras en el chaco integrado y la creación de una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) guaraní en la localidad de Alto Parapetí.

Este Comité afirma que no existe ninguna forma de esclavitud en el chaco boliviano y anuncia que no permitirá que el INRA confisque la propiedad privada “productiva para usar la tierra con fines políticos y apropiarse de nuestros recursos naturales…”.

Tampoco se refirieron al informe de la CIDH la Cámara Agropecuaria de Oriente, que en mayo de 2006 instruyó la conformación de comités de defensa de la tierra; ni la Prefectura y el Comité Cívico de Santa Cruz, que el 8 de marzo de 2008 sellaron un pacto político en defensa de las haciendas con autoridades municipales, ganaderos y hacendados de la provincia Cordillera.

El gobierno reacciona

“No se puede tapar el sol con un dedo (…) La CIDH se ha convencido de la realidad de los pueblos cautivos, cuyas familias viven en situación de servidumbre”, comentó el viceministro de Justicia Comunitaria Valentín Ticona.

En atención a las recomendaciones de la Comisión, Ticona anunció la creación de ocho centros “Iyambae” (quiero ser libre, en lengua guaraní) para capacitar a los pueblos originarios en la defensa de sus derechos humanos. En estos centros se dictarán talleres y seminarios y se capacitará a los guaraníes en rubros como carpintería, molinos y otros con miras a conformar micro empresas que les permita liberarse de la servidumbre y el empadronamiento.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) prepara la reversión de tierras al Estado donde se constate casos servidumbre. El director general del INRA Juan de Dios Fernández asegura que el informe constituye un respaldo más para las acciones que el Ejecutivo ejecutará más adelante.

El gobierno hizo una pausa en el saneamiento de tierras en la provincia Cordillera el 13 de abril, luego de que terratenientes y ganaderos emboscaran y agredieran a más de 40 personas en el municipio de Cuevo. A pesar de ello, Fernández aclaró que el saneamiento se cumple en otras regiones del departamento de Santa Cruz.

Muchos propietarios de predios pequeños están de acuerdo con que el INRA sanee y legalice sus terrenos. Se oponen al proceso quienes obtuvieron enormes haciendas de manera irregular en las dictaduras y en los regímenes neoliberales que se turnaron en el poder en los últimos 20 años.

Varias organizaciones, instituciones y medios de comunicación llevan adelante una campaña nacional contra el racismo y en apoyo a la demanda de tierras de los guaraníes cautivos en haciendas de la provincia Cordillera.

Integran este colectivo amplio y diverso el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Fundación Solón, Fundación UNIR, Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Movimiento Cultural Saya Afro Boliviano (MOCUSABOL), Programa Cédula Gratuita, Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, Organización Internacional de Trabajo (OIT), Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia (Anni), CAID, Encuentro Social Alternativo (ESA) (Santa Cruz), Centro Afro Boliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario (CAADI), Observatorio del Racismo del Defensor del Pueblo, Universidad de la Cordillera, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Apu Tunari, Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Coordinadora de Juventudes Antifascistas de Bolivia, Pukañawi, Programa Alternativo Rev/belando, Movimiento Humanista y Centro de Inclusión y Desarrollo Humano, Centro de Estudios Jurídicos e Investigación (CEJIS), Plan Interministerial Transitorio de Apoyo al Pueblo Guaraní, Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE), Central Obrera Regional (COR), Federaciones de Gremiales; Trabajadores en Carne y Ramas Anexas y Padres de Familia de la ciudad de El Alto, Parlamento Indígena, Parlamento Latinoamericano, Unión de Entidades de Psicología, Amnistía Internacional Bolivia, Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAN), Comunidad de Derechos Humanos, Movimiento Franciscano Justicia y Paz, Coordinadora de Lucha contra la Impunidad, Confederación Nacional de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Tijaraipa.

Los medios de comunicación que cubren solidariamente la campaña por la tierra son Radio Erbol, Radio Qhana¸ Indymedia Nacional, Radio Wayna Tambo, Bolpress y Televisión Boliviana.