En la semana que concluye las autoridades militares una vez mas demostraron no estar dispuestas a permitir que el país se entere respecto a lo acontecido durante las diferentes dictaduras que, encaramadas en el poder por la fuerza, desplegaron acciones represivas contra el pueblo boliviano.

Vivir bajo los parámetros que te marca la democracia no implica solamente dejar de asaltar el palacio o respetar al gobierno legalmente constituido, significa mucho mas, es saldar cuentas con la historia, allanar las asignaturas pendientes y evitar la impunidad de los delitos de lesa humanidad, además de contribuir a la ubicación de los cuerpos de centenares de desaparecidos, sin que hasta ahora se sepa dónde se encuentran. Esa información es posible conseguirla precisamente a través de los archivos clasificados en el Departamento II de Inteligencia de Estado Mayor, por consiguiente resulta absolutamente incoherente que a 27 años de democracia en Bolivia, todavía subsistan conductas corporativas en autoridades militares con la exclusiva intención de mantener la cortina de humo sobre el rol político que desplegó en el pasado la entidad castrense.

Todavía queda en la memoria aquellos fatídicos días previos al golpe de estado perpetrado por el General Luis García Meza, durante el gobierno legalmente constituido de Lidia Gueiler, cuando una patrulla militar, por orden de Luis Arce Gómez irrumpió en las instalaciones del entonces Ministerio del Interior, contra la voluntad de su titular y se sacó por la fuerza toda la información política o de inteligencia que estaba resguardada en dicho ministerio, dónde se llevaron ese material?, precisamente a las dependencias del Estado Mayor, con qué objetivo, obviamente de represión política. Quien ordenó el secuestro y subsecuente asesinato del padre Luís Espinal en marzo de 1980, no fue un militar?, me refiero al Coronel Luís Arce Gómez y acaso no fue la cúpula castrense la que dispuso el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz? en julio del mismo año?, evitando además el Juicio de Responsabilidades que se estaba instaurando contra otro militar Hugo Bánzer Suárez..

Queda claro que, esa información por imperativo democrático merece ser desclasificada y abierta al país, no es un patrimonio militar privado, ni siquiera se trata de un tema de seguridad nacional, es el derecho insoslayable de todo un pueblo de acceder en forma irrestricta a esos archivos y especialmente de los familiares de los desaparecidos a quienes se los viene castigando y revictimizando injustamente por tantos años, simplemente por el comportamiento corporativo de autoridades militares que en forma errónea creen estar protegiendo la imagen de las FFAA, cuando lo único que están haciendo es impedir el acceso a la verdad histórica.

El compromiso de los compatriotas militares con la democracia, debe ser pleno, no a medias, en el presente caso existe una orden judicial que habilita a un fiscal desarrollar ese trabajo investigativo y no puede ser condicionado a actitudes discrecionales, por una sencilla razón, la Constitución Política del Estado no prevé la existencia de republiquetas eximidas de someterse al estado de derecho, todos tenemos la obligación ineludible de actuar democráticamente y de respetar los derechos humanos, sin privilegios para nadie.

Finalmente es importante recordar que, de acuerdo a lo previsto en el Art. 172.numeral 25 de la Constitución, el Presidente de la República es el Capital General de las Fuerzas Armadas y en esa condición, tiene la potestad de ordenar se proceda a la reclamada desclasificación, por encima de la irracional negativa. Es hora de que el actual Gobierno, con una inspiración ideológica cualitativamente distinta a los regímenes del pasado, actúe en forma coherente a los principios que sustenta, máxime si se reclama respetuoso de la memoria de los mártires de la democracia.