En los próximos días la Asamblea Legislativa Plurinacional debatirá la aprobación de un importante instrumento jurídico denominado la “Ley Corta”, que pretenderá resolver uno de los grandes problemas por el que está atravesando el país, la retardación de justicia debido a varias causas, entre ellas la cantidad de casos pendientes de atención por las acefalías presentadas en el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejo de la Magistratura.

La necesidad de cubrir esas ausencias, no debe distraer el objetivo de construir un órgano judicial absolutamente independiente de las instancias políticas, con vocación de justicia, impermeable a la corrupción, la mercantilización del derecho o el prevaricato. Hoy nuestros tribunales muestran una imagen exactamente contraria a esos referentes altruistas.

Si bien la actual Constitución prevé la elección de magistrados a través del voto ciudadano, sin embargo ese proceso tomará por lo menos un año y la espera puede profundizar la crisis de los tribunales, atentando los derechos del mundo litigante, de modo que, sin perjuicio de llevarse adelante las elecciones de autoridades judiciales en su momento, resulta imprescindible cubrir las acefalías existentes. En ese sentido la “Ley Corta” puede ayudar a allanar lo urgente, lo coyuntural y sentar las bases para resolver lo importante que es un desafío más grande y de largo aliento, cambiar el rostro de un Poder Judicial que funcionó hasta ahora, produciendo más injusticias que soluciones justas no es una tarea fácil.

Se pensó que con la llegada de la democracia en octubre de 1982, se consolidaría la autonomía, eficiencia, imparcialidad y transparencia de los tribunales, sin embargo las propias entidades políticas que a su turno se encaramaron en los poderes Ejecutivo y Legislativo(MNR,MIR, ADN), se encargaron de acentuar su dependencia y niveles de corrupción, promoviendo la designación de sus correligionarios como magistrados y jueces y hoy advertimos aún las consecuencias de ese grosero copamiento fáctico que promovió la total distorsión de la noble tarea de administrar justicia.

Si ese es el triste antecedente, tanto la Asamblea Legislativa Plurinacional, como el Gobierno, deberán estar concientes que, para contribuir a la reconstrucción del Órgano Judicial, lo que no debe hacerse es precisamente repetir los errores en que incurrieron los anteriores administradores del Estado, que no se nos sirva el pasado en copa nueva, quiero decir, que ya no deben suscitarse nombramientos bajo el interés político partidario, no estaríamos cambiando nada dentro el “proceso de cambio” si en esas designaciones en lugar de aparecer abogados movimientistas, miristas o adenistas, ahora se beneficien los masistas, máxime si varios de ellos también fueron parte de los anteriores.

Por consiguiente una de las primeras condiciones para ser consecuentes con el discurso del cambio, es precisamente prescindir de esa vieja obsesión de los políticos de coparlo todo, bajo la falsa creencia de que así pueden controlarlo todo. Es evidente que urge lograr el funcionamiento efectivo del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura, no puede un país que se jacta de ser democrático seguir funcionando con semejantes vacíos de poder, circunstancia ante la cual la inquietud de la ALP es coherente, pero si no tomamos conciencia de la necesidad de evitar los vicios del pasado, el remedio resultaría peor que la enfermedad, por tanto quienes tienen la responsabilidad de los nombramientos, deberán actuar sin mezquindades y promover la designación extraordinaria de los y las mejores profesionales del país, éstos no sólo deben reunir los requisitos técnicos relacionados a la ciencia del Derecho, también es importante la trayectoria personal, vocación de justicia, ser impermeables a la presión política y económica. Sólo así experimentaremos verdaderos en el ámbito judicial.